Crisis fiscal del Estado James O'Connor

Tal y como comentábamos en Creación y desmantelamiento del Estado del Bienestar, algunos bienes o servicios, por sus características, pueden producirse a menor coste si son producidos por una sola empresa  que por varias en competencia, es a lo que llamamos monopolio natural. Normalmente estos monopolios naturales tienen mucho que ver con la inversión en la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio, esto es, el agua, por ejemplo, si hubiese más de una empresa oferente deberían poseer un sistema de tuberías distinto, lo cual elevaría el coste y, por ende, el precio de venta. Pero no solo el servicio de aguas se presenta como monopolio natural, también lo son los ferrocarriles, los aeropuertos, el gas, la electricidad, la telefonía, el alcantarillado o las carreteras, entre otros.

Es especialmente en este tipo de servicios en los que el Estado con labor social realiza una gran inversión para construir las infraestructuras necesarias (sistema de cañerías, alcantarillado, vías de ferrocarriles, etc.) y a menudo, como es lógico, crea su propia empresa (pública) para proveer el servicio mediante éstas. Sin embargo, es más habitual encontrar empresas privadas que públicas gestionando estos sectores, por lo tanto un pequeño grupo de personas se enriquecen a costa de lo pagado por el conjunto del Estado; el cómo y el por qué nos lo cuenta James O'Connor.

El estadounidense realiza en Crisis fiscal del Estado un análisis del modo de producción capitalista (la que vivimos) y la crisis económicofiscal (por desgracia, también) que dicho modo conlleva. O'Connor no es marxista ortodoxo, sin embargo, emplea el término acumulación de capital, propio de esta corriente de pensamiento, combinado con el concepto de legitimación de Max Weber.

A grosso modo, O'Connor sostiene que el sector privado crece principalmente a costa del sector público. En caso de ser esto cierto, todo el argumentario liberal y neoliberal sería poco menos que un intento por vender humo. Trataremos de evidenciar el planteamiento del autor con 2 casos paradigmáticos en España, pero que podrían extrapolarse a cualquier Estado con un mínimo de vocación por los servicios públicos.

Telefónica

Telefónica es una multinacional dedicada a la telefonía creada en 1924 bajo el nombre de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) en la dictadura de Primo de Rivera como filial de ITT, la empresa estadounidense.

En 1945 fue nacionalizada por el régimen franquista como sector estratégico de telecomunicaciones y un par de décadas más tarde, con la apertura al capital estadounidense y las remesas monetarias recibidas de los exiliados antifascistas, la compañía emitió millones de acciones adquiridas por pequeños accionistas españoles.

La entrada de capital (interior y exterior), las nuevas tecnologías y el régimen monopolístico permitieron el salto de Telefónica hacia el mercado exterior (principalmente Latinoamérica) convirtiéndose en una multinacional. Es entonces cuando comienza el proceso de privatización, España malvende las “joyas de la corona” (Seat, Enasa, Marsans, Endesa, Repsol, o Argentaria), empresas solventes que reportaban beneficios, con el pretexto de reducir el déficit público (notablemente menor que el actual).

Con la privatización llega la precarización laboral y las corruptelas en forma de puertas giratorias y demás estratagemas. La plantilla de Telefónica se redujo en un 75% desempleando 60.000 personas mientras los beneficios anuales no hacían otra cosa que aumentar.

Algunos de los accionistas más importantes de la empresa, y por lo tanto, beneficiarios de dicho proceso son el BBVA, la Caixa y el Banco Santander.

Bankia

Como apuntábamos, la excusa en el momento de privatizar empresas públicas fue la necesidad de reducir el déficit público, sin embargo, no se molestaron en disimular cuando dedicaron muchísimo más dinero en salvar a la banca y aumentar ese déficit. 

Bankia, el caso más sonado de un proceso que afectó a muchas otras entidades, se embolsó cerca de 24.000 millones de euros de los fondos públicos. Y eso sin mencionar los 200.000 millones (un 20% del PIB) que se dedicó en ayudas públicas al conjunto del sistema criminal financiero español. 

No obstante, los responsables del hundimiento de la banca salieron bien parados con una indemnización millonaria bajo el brazo; no es un saqueo, “eso es el mercado, amigo”, que decía Rato. 

Puede parecer una tomadura de pelo demasiado evidente como para llevarla a cabo, pero hemos acabado por interiorizar tanto algunas ideas injustas que suele pasar por algo normal. ¿No habéis dado nunca dinero a alguien que pide en la calle, dado propina o participado en una recogida de alimentos (casualmente organizada con la colaboración de un supermercado que se llena los bolsillos con ello)? Pues pensad en quién es el culpable de la situación y quién se sacrifica para solucionarla; Merlí lo dice bastante claro: