Análisis del sistema político en los municipios catalanes

El sistema político municipal catalán establece en el artículo 19.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, el gobierno y la administración municipal como potestad del ayuntamiento (formado por el alcalde y los concejales) o del alcalde y la asamblea vecinal, en caso de funcionar en régimen de Concejo Abierto -se regirán por Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese régimen de gobierno y aquellos que por su localización geográfica u otras circunstancias lo hagan aconsejable. La constitución de dicho Concejo requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma (art. 29 LRBRL 7/1985, de 2 de abril)-, en base al artículo 29.3 de la susodicha ley.

Tal y como consta en el artículo 19.2: “los concejales serán elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que el alcalde lo será por los concejales o los vecinos”, aunque del sistema electoral hablaremos más adelante.

En todo ayuntamiento encontramos al Alcalde, los Tenientes de Alcalde -sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales (art. 23 LRBRL 7/1985, de 2 de abril)- y el Pleno municipal. Además en los municipios con más de 5.000 habitantes o en los que así lo acuerde el Pleno, existirá una Junta de Gobierno Local -integrada por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno (art. 23 LRBRL 7/1985, de 2 de abril). Otros entes, como las comisiones u otros órganos complementarios establecidos por los propios municipios, también estarán presentes –de forma obligatoria en el caso de la Comisión Especial de Cuentas y opcional en el de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones– (art. 20.1 LRBRL 7/1985, de 2 de abril).

El Pleno, integrado por los Concejales y presidido por el Alcalde, o la Asamblea vecinal en caso de régimen de Concejo Abierto, es el encargado del control y fiscalización de los órganos de gobierno además de las atribuciones de administración y dirección política (art. 22 LRBRL 7/1985, de 2 de abril).

Según el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “el Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

Sistema electoral

En cuanto al sistema electoral que rige las elecciones municipales, no es otro que el establecido por la legislación electoral general (art. 19.2 LRBRL 7/1985, de 2 de abril) salvo por algunas excepciones características. Encontramos en el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que la circunscripción electoral corresponde con el término municipal de cada localidad y que el número de concejales a elegir se estipula en función de los residentes, a excepción de los Concejos Abiertos, en cuyo caso se elegirá al Alcalde directamente por sistema mayoritario. En caso de municipios con una población inferior a 250 habitantes que no se rijan por Concejo Abierto, el artículo 184 de la LOREG 5/1985, de 19 de junio estipula que las listas presentadas sean de máximo tres o cinco nombres según el número de residentes, hasta 100 o entre 101 y 250 respectivamente. Así como los votos, a dos o a cuatro candidatos en la misma escala; y ganará el que obtenga mayor número de votos (en caso de empate se establecerá por sorteo).

En cualquier caso, el mandato electoral es de cuatro años a partir de su elección, tal y como está indicado en el artículo 194 de la misma ley.

Si hablamos del procedimiento de elección del Alcalde debemos seguir en la LOREG y basarnos en su artículo 196. En él se definen los posibles candidatos a tal cargo (todos los Concejales que encabecen sus respectivas listas) y la mayoría absoluta de los votos de los concejales como requisito para ser proclamado electo. En caso de no darse dicha circunstancia, será “proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio” (art. 196 LOREG 5/1985, de 19 de junio).

Por lo que respecta a los contrapesos políticos a nivel local, ya hemos comentado que el pleno ejerce como órgano colegiado la función de control, sin embargo, resulta procedente mencionar las dos figuras -entendiendo la cuestión de confianza como un mecanismo de control pasivo- de mayor importancia en este aspecto, la moción de censura del alcalde y la cuestión de confianza.

Cambio de denominación de Molins de rei

Un municipio es, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”. De igual forma se interpreta en el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña donde se define como “la entidad básica de la organización territorial y el elemento primario de participación ciudadana en los asuntos públicos”; y añade que “las Leyes de Cataluña garantizan la participación del municipio en todos los asuntos que afecten directamente a sus intereses”. Por ello, entendemos el municipio como organismo autónomo de primer nivel, donde se crea con mayor fuerza un vínculo de pertenencia a un grupo o comunidad y que más “propio” se siente por parte de los ciudadanos. Dicho vínculo se presenta como un fenómeno positivo a incentivar, puesto que presumiblemente cuanto más arraigo y sentimiento de pertenencia a la identidad municipal se de, mayor será la participación de los ciudadanos en la vida local y más elevado el nivel de gobernabilidad social (Domínguez-Pérez, 2004: 36).

Además, la identidad municipal no solo es un valor que fomentar per se, sino que se presenta como una necesidad en dos ámbitos, en primer lugar, el patrocinio de la identidad común ofrece un anclaje ante la disolución de los valores comunitarios que supone la globalización -en esta etapa parece ser que lo macro anima a lo micro, que hay una vuelta a las raíces, a lo local. En un mundo cada vez menos controlable, se constata un repliegue sobre lo cercano, lo que se conoce, lo local; como reacción, según algunos, a la angustia experimentada por el paso de tiempo que transcurre, la velocidad de los cambios que acontecen en esta fase (Maffesoli, 1990: 224)-; y en segundo lugar, como necesidad por parte de los gobernantes para facilitar la gobernabilidad al tiempo que como imagen positiva de la ciudad para la atracción de inversiones. De este modo, se revela como algo que es preciso estimular y redefinir ante las imágenes que se crean y la necesidad de relocalizar a la población en lo cotidiano.

Si hablamos de cómo hacerlo, desde qué puntos lograr potenciar e influir en la susodicha identidad, Maffesoli (1990) sostiene que el ocio, la moda, el espacio, la historia o los valores, el religare, son claves, que la comunidad se estructura desde lo cultural, desde lo que se tiene en común. En este sentido, el nombre, la denominación del municipio juega un papel fundamental en la creación de dicha estructura cultural común. El nombre del municipio es el significante con el que se identifican (o no) los individuos que viven, trabajan o nacieron en él. Prueba de ello es el fenómeno que se dio en la Cataluña republicana –así como en otros territorios– durante la Guerra Civil. El 9 de octubre de 1936 la Generalitat dispuso, mediante el artículo sexto del Decreto de Seguridad Interior, la posibilidad de cambiar el nombre los municipios por acuerdo en el Ayuntamiento y la aprobación del Consell de la Generalitat -dicha posibilidad ya estaba recogida en la Ley Municipal de Cataluña de 1935, sin embargo, lo convulso del periodo la convirtieron, de facto, en papel mojado. La consecuencia fueron 11 decretos de ratificación por parte del órgano competente de la Generalitat (Departament de Governació i Assistència Social, como sería conocido posteriormente) que permitieron el cambio de 124 municipios. Habiendo poco más de un millar de estas entidades antes del levantamiento fascista de 1936, los municipios afectados representaban casi el 12% de la totalidad de la época (Tort, 2003). Por supuesto, la derrota militar del bando antifascista conllevó la restauración de los nombres de carácter hagiográfico o alusivos a los antiguos dominios señoriales, eclesiásticos o de la realeza.

Ya en el periodo democrático actual y de acuerdo con el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña:

“El acuerdo de cambio de denominación de un municipio debe ser adoptado por el pleno del ayuntamiento y requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Antes de la adopción del acuerdo municipal, debe abrirse información pública por un plazo mínimo de treinta días”. Y “si en el plazo de tres meses el Gobierno de la Generalidad no formula oposición, el acuerdo municipal tiene que considerarse como definitivo y ejecutivo”.

Otros municipios ya han iniciado los procedimientos pertinentes para un cambio de denominación, como es el caso de Calonge. Dicho municipio está formado por 2 núcleos urbanos, Calonge y Sant Antoni, que no están reconocidos como tal en el topónimo oficial por lo que, pretendiendo que se ajuste a la realidad social, humana y económica, han decidido exponer al pleno municipal el decreto en cuestión.

Aunque fuera de Cataluña, encontramos una situación más en la que se procede al cambio de nomenclatura, esta afecta a más de un municipio y está relacionada con la época franquista. Son varios los municipios en el estado español que llevan en su propio nombre referencias franquistas (Guadiana del Caudillo, San Leonardo de Yagüe, Villafranco del Guadiana, etc.) y también en muchos de ellos se ha procedido a juzgar si es necesario un cambio de nombre puesto que aparentemente los actuales van en contra de la Ley de Memoria Histórica.

Molins de Llobregat

Molins de rei es un municipio perteneciente al Baix Llobregat que a lo largo de su historia ha visto, como comentábamos, un cambio en su nombre durante el periodo revolucionario que ocupó la Guerra Civil que fue revertido con la victoria franquista.

Sus vínculos históricos con la CNT-FAI y especialmente con el Partido Socialista Unificado de Cataluña hacen que, aún latente, se viva cierto debate en torno al nombre del municipio a pesar de oficialmente no parece prácticamente existir. En las escuelas, cuando se explica parte de la historia del municipio se obvia este episodio por ser considerado anecdótico o complejo para esa edad, sin embargo, cuando años más tarde se estudia la Guerra Civil, se hace de forma general, con respecto al estado español, y concreta, con respecto a Cataluña, pero en ningún caso haciendo referencia al municipio.

Molins de rei parece un caso claro de posible cambio puesto que, como apunta Tort (2003), a diferencia de 105 municipios de los 124 totales -de los 124 cambios durante todo el periodo, 105 son por motivos religiosos, 17 por otros motivos que no siguen un patrón claro y tan solo 2 fueron por alusiones de corte monárquico- que cambiaron su denominación, no contiene ningún elemento religioso, sino que es uno de los dos únicos casos de referencias de carácter monárquico y eso supondría cierto grado de incoherencia y podría alegarse falta de correspondencia con la realidad del país (por lo tanto del municipio) en caso de declararse la República Catalana. Molins de rei forma parte de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y ha ratificado su presencia en pro de un proceso constituyente de la República Catalana, por lo que es razonable pensar que el republicanismo y antifascismo imperante del municipio hacen de Molins de Llobregat una buena alternativa.

Conclusiones

En suma, debemos contemplar el nombre del municipio como un elemento clave en el imaginario colectivo, que dota de ciertos valores y que, de ser compartidos, representan una suerte de vínculo entre los propios ciudadanos y, a su vez, entre éstos y el municipio. En este sentido, dando por sentado los principios democráticos y antifascistas propios de una localidad en la que los partidos explícitamente autodenominados de izquierdas contaron con prácticamente el 50% de los votos (PSC, CUP y ERC), la denominación propia del periodo revolucionario antifranquista podría verse como síntoma de orgullo y tributo a los anteriores conciudadanos en su lucha por la libertad.

Conocidos los procedimientos mediante los cuales es posible llevar a cabo dicho cambio y asumiendo también como propios los argumentos en favor de la voluntad de que el nombre se ajuste a la realidad social del municipio así como la tendencia democrática que se destila de la Ley de memoria histórica, podemos afirmar con total seguridad que Molins de Llobregat, en caso de aprobarse en el pleno municipal por mayoría absoluta, no debería presentar ningún problema como nueva denominación.

Sin embargo, la propia ciudadanía es quien juega el papel protagonista en este asunto. Se recomienda someter dicha cuestión a consulta ciudadana previa a su votación en el pleno municipal, de igual forma que a finales de 2016 se realizó la relativa a la reforma de la carretera N-340, especialmente en caso de abandonar el estatus de monarquía parlamentaria. Pero antes es necesario informar de la propia historia que dota de sentido la propuesta, por lo que se recomienda impulsar una iniciativa que fomente la introducción del susodicho periodo histórico en los centros educativos y una campaña informativa para una mayor repercusión.

¿Quién y por qué hace huelga el 8M?

Mañana, 8 de marzo, tendrá lugar la huelga feminista internacional y para aportar mi granito de arena a una causa más que justa y justificada, analizaremos las ideas fuerza que encontramos en el manifiesto publicado en Catalunya que podéis leer y descargar aquí.

En primer lugar, inmediatamente después de la convocatoria a dicha huelga, encontramos una suerte de aliciente o argumento para participar en la lucha feminista que cristaliza (entre otras muchas cosas) en la huelga. En él se nos sitúa en el deber de luchar por los derechos y la igualdad de la mujer ya que formamos parte de un engranaje, lo hicieron millones de mujeres en el pasado, debemos hacerlo ahora nosotras en el presente y lo harán las que hereden nuestra lucha en un futuro.

Por otro lado, los referentes de mujeres feministas no son ambiguos, las que lucharon en la Guerra Civil por la República, las que lo hicieron contra el colonialismo y el imperialismo, etc. Por estos detalles (necesarios) Inés Arrimadas decía en El Objetivo de Anita Pástor que no puede asumir los planteamientos de muchas convocatorias para el día de mañana.

El manifiesto sigue apelando a la sororidad como base para el avance en la justicia social, algo que incluso antes de la huelga, aunque con margen de mejora, ya parecen haber logrado.

Tras esto, es necesario identificar quiénes son las personas que deben secundar la huelga y en lo hacen de forma intachable, las mujeres son TODAS (ir al manifiesto para más detalle), algo fundamental que desarrollamos en Sexo: ¿Biológico o cultural? anteriormente.

Una vez introducido, pasamos a las demandas, exigencias o denuncias. Dado que el manifiesto me parece algo anárquico en su estructura, procedo a agrupar los puntos en los tres aspectos de la huelga, tres temáticas que afectan directamente en las mujeres y un último apartado donde recogeremos elementos fundamentales que no tienen cabida en los anteriores:

Huelga de cuidados

Los argumentos que sustentan esta vertiente de la huelga son, en primer lugar, que la simbiosis homogénea que forman el patriarcado y el sistema capitalista se alimentan de la gratuidad del trabajo de cuidados en base a la explotación total y completa de las mujeres. Se las educa para cuidar y lo hacen desde niñas hasta, prácticamente, el día de su muerte.

Y en segundo lugar, la infravalorada pensión resultante de décadas de trabajo no remunerado en el hogar que las aboca a la pobreza en su vejez. Se exige la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que se regula el trabajo doméstico.

Huelga laboral

Se llama a la huelga laboral, además de por las pensiones que acabamos de mencionar, por la discriminación que sufren las mujeres por la maternidad o tener personas a cargo, por el techo de cristal, por la brecha salarial y por no poder conciliar la vida social o familiar con la vida laboral.

Por otro lado, el manifiesto también recoge la voluntad de regularizar las mal llamadas "trabajadoras sexuales", punto que trataremos más adelante.

Huelga de consumo

En este sentido la problemática es clara, se invita a las mujeres a no consumir puesto que son ellas las víctimas de la cosificación, hipersexualización y el reclamo publicitario.

Violencia machista

Dos elementos son los esenciales de esta problemática, la justicia evidentemente patriarcal, las mujeres son tratadas sustancialmente de forma despreciativa y minusvalorativa (véase el infierno que supone denunciar una agresión machista); y la LGTBIfobia, fenómeno que se da desde la educación afectivo-sexual y que degenera en agresiones en las propias aulas.

La demanda concreta que se exige en este caso es un Pacto de Estado suficiente (a diferencia del actual) en medidas y presupuestos para evitar un mal semejante.

Educación

Desde el movimiento feminista se reclama un cambio radical en la enseñanza del estado español. Se necesita una educación laica, sexualmente diversa, feminista y sacando de ese segundo plano las mujeres referentes en la historia de la humanidad.

Además, se demanda más presupuesto dedicado a becas, para pretender una educación realmente universal, y se oponen frontalmente a la financiación pública para centros concertados y del Opus Dei donde segregan por sexo.

Racismo

Acabar con las políticas migratorias, así como con la Ley de Estrangerías y la barbarie que suponen los CIEs. Todas estas herramientas del sistema opresor perjudican en mayor medida a las mujeres.

Otras demandas

Junto con las ya mencionadas, también se mencionan la voluntad de despatologizar la vida de la mujer, la total despenalización del aborto, lde separar realmente la Iglesia del Estado, acabar con la corrupción y con la aplicación del artículo 155.

Asímismo señalan que la feminización de la pobreza, la principal causa de pobreza la representa ser mujer.

Dicho esto, me parece necesario exponer algunas discrepancias con el que es un gran manifiesto. Si bien estoy de acuerdo con el 80% o 90% del mismo, se me hacen evidentes la inadecuación de 5 argumentos.

Sintiéndolo mucho por discrepar con las siempre a la altura Candidaturas de Unidad Popular (CUP), no veo clara la relación directa que establecen entre la lucha independentista y la lucha feminista, del modo que se plantea, el feminismo necesita de la independencia, por lo tanto, está supeditada. Sin embargo, la consecución del feminismo acercaría la independencia deseada por el colectivo político, y no al contrario.

La prostitución, un tema polémico tanto dentro como fuera del movimiento feminista, me parece desafortunadamente enfocado. La regularización de la prostitución no es un objetivo a perseguir, puesto que la opresión de la necesidad económica a llevarla a cabo, el infierno de la trata de personas, el proxenetismo y el abuso de menores no cesan con dicha medida. La posición ante la prostitución debe ser abolicionista, precisamente si lo que se busca es la reparación de los daños y desigualdades a los que las mujeres están sometidas en un sistema patriarcal capitalista.

En tercer lugar, sumaré dos denuncias que, aunque válidas, me parecen redundantes por ser producto de un mal original, es decir, tratan de limpiar la sangre en lugar de cerrar la herida. Estas son la exigencia de acabar con la corrupción y la demanda del aumento del presupuesto para becas; si estos dos elementos afectan más a las mujeres es porque tienen que asumir el trabajo de cuidados, por lo tanto, la lucha contra la corrupción y las becas no son una causa originalmente feminista, a no ser que la voluntad sea ver mujeres corruptas en la misma medida que vemos hombres.

Por último, es un error alejarse del feminismo de clase (el feminismo real) para coquetear con el feminismo liberal, mucho más de moda pero envenenado de alienación neoliberal inexorablemente machista. He identificado este patrón de comportamiento en la malinterpretada feminización de la pobreza. Es cierto que ser mujer supone una desventaja comparativa notable, no obstante, la principal causa de ser pobre es haber nacido pobre. Incorporar el conflicto de clase es fundamental para un movimiento crítico con la desigualdad y la injusticia social.

Pregúntale a Marx: ¿Menos café y más plan de pensiones?

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Hace apenas unos días, los genios y analistas políticos (véase el tono irónico) que Antena3 tiene a bien alimentar con un sueldo 4 veces mayor del que un servidor podrá disfrutar nunca, debatían sobre la mísera subida de las pensiones, de un 0,25%. 

Sería lógico pensar que dichos pseudoexpertos criticarían fuertemente ese paupérrimo aumento al compararlo con el del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya sea por sentido común o porque resulta facilísimo e incluso popular criticar una medida del gobierno del PP. Nada más lejos de la realidad, en Antena3, haciéndole la segunda a El País en su cruzada por vendernos la pobreza como algo cool y moderno, parieron un tuit a modo de titular que resumía lo expuesto por una colaboradora del programa.

Si evitas el gasto de un café diario, podrás ahorrar 28.000 euros durante tu vida laboral https://t.co/oP20IvGS48

— Antena3Noticias (@A3Noticias) 16 de febrero de 2018

Una vez más, los palmeros de la derecha más nauseabunda desvían la discusión, obviamos el debate "La subida de las pensiones es una miseria" para emplazarnos en el encuadre "¿Qué podemos hacer para ahorrar el dinero suficiente como para vivir de un plan de pensiones privado?".

Éste es un hecho lamentable en más de un sentido, por un lado distraen la atención de lo verdaderamente importante, la injusticia que da pie a la supuesta temática del programa, LA INSOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES PÚBLICAS; por otro lado, culpan al ciudadano de su pobreza o de dicha insostenibilidad, puesto que está gastando 28.000€ por puro placer, menudo manirroto; y a modo de guinda, hacen una suerte de propaganda de los planes de pensiones privados, es decir, si quitándote del café te ahorras 28.000€ y ese dinero lo inviertes en plan de pensiones, podrás jubilarte a base de cafés. 

Al ver como blanquean descaradamente la imagen del partido en el gobierno y su actuación casi delictiva desplazando la culpa a las víctimas de dicha injusticia empleando el ahorro como excusa, recordé la siguiente anécdota de Marx; es bien sabido que al bueno de Karl le perdía la adicción por el tabaco, dada su situación económica siempre fumaba una de las peores marcas por su precio. No obstante, un día descubrió una marca mucho más barata en la que calculó que se ahorraba X cantidad de dinero por cajetilla, así que mayor sería el ahorro cuanto mayor fuera el consumo. Y su afán ahorrador le llevó a fumar tal cantidad de cigarros que el médico tuvo que exigirle que dejara de enriquecerse de esa forma si quería seguir viviendo (sería un médico leninista antes que Lenin).

El voto electrónico

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La democracia representativa tradicional se ha presentado, aparentemente, como el modelo menos malo de gobierno, sin embargo, arrastra ciertos déficits que enturbian la nitidez necesaria para su óptimo desarrollo. Estas carencias han sido replanteadas con la llegada de las tecnologías de la comunicación la información, en concreto el ámbito del que vamos a tratar, el voto electrónico.

Realizaremos un pequeño repaso de la situación antes de pasar a presentar la definición y descripción de lo que entendemos por voto electrónico y todas sus modalidades, sus fortalezas y sus debilidades.

Las TIC no son un elemento nuevo, su llegada ha transformado por completo la sociedad penetrando en todos y cada uno de sus aspectos. Al igual que en la economía ha dado lugar a conceptos como el e-business o el e-commerce, en la gobernanza el e-government, o en la administración pública e-administration, en lo referido a la participación política ha tomado forma de democracia electrónica (e-democracy) tratando de, como hemos comentado, salvar las imperfecciones tradicionales mientras creaba, inexorablemente, una nueva brecha, la digital.

La democracia electrónica viene acompañada del establecimiento de nuevas relaciones entre individuos –conexiones horizontales y en comunidad donde internet, los foros y las redes sociales juegan un papel fundamental– así como el modo por excelencia en que se expresan los intereses de los individuos en un sistema democrático, el voto.

En las últimas tres décadas, además, ha aumentado la frecuencia con la que se realizan procesos electorales –en parte a causa de la mejora democrática que han experimentado algunos países latinoamericanos especialmente– y tanto países en desarrollo, en busca de procesos electorales transparentes con resultados indiscutibles, como países desarrollados, persiguiendo una mayor eficiencia y rapidez en los mismos, han optado la utilización de la tecnología (e-voting) como medio que permite la mejora en la realización de las citas electorales.

Antecedentes

El voto electrónico en sus formas diversas ha alcanzado recientemente atraer el foco de la atención, pero sus precedentes datan, aunque desarrollados de forma irregular, de incluso finales del siglo XIX, cuando aparece en Estados Unidos una de las primeras aplicaciones de tecnologías electromecánicas para el voto y posterior recuento de papeletas. Thomas Edison patentó en 1869 un sistema de grabación de voto electrónico y Jacob H. Myers diseñó la Automatic Voting Machine, utilizada en distintos eventos electorales en el estado de Nueva York, en 1892.

Ya en la primera mitad del siglo XX se perfilaron distintos prototipos de máquina electoral. En los años treinta se implementó, de igual forma en Nueva York, el primer sistema de máquinas de palanca, un método que ha subsistido con el paso del tiempo. No sería hasta los sesenta cuando vieron la luz las primeras máquinas de perforar inspiradas en la tarjeta perforada de IBM, también utilizadas actualmente. El siguiente avance vino de la mano de los bubble ballots, escaneados ópticamente y las máquinas de grabación electrónica directa (DREVM). Estas últimas, cabe apuntar, no superaron los requisitos en cuanto a seguridad en su intento de implementación en 1993 en la ciudad de Nueva York. Hoy en día, en Estados Unidos se utilizan en distintos grados los mecanismos de voto electrónico junto con sistemas manuales.

Pero no es Estados Unidos el único país impulsor del e-voting, desde el desarrollo de tecnologías como las mencionadas hemos presenciado una oleada progresiva y generalizada de intención de desarrollar variantes del voto electrónico, llegando incluso a crear un marco legal ad hoc.

En Europa también se registran hitos en cuanto a la aplicación de dichas tecnologías. El País Vasco es una nación precursora del ámbito y se rige desde 1998 por una legislación electoral que permite explícitamente el uso de voto electrónico; otras comunidades autónomas como Cataluña o Galicia también han experimentado innovaciones en esa dirección. Francia destaca por su prematura legislación sobre máquinas electrónicas (1969) y experiencias e-voting con el apoyo de la Unión Europea. En Noruega y Dinamarca encontramos máquinas de lectura óptica desde hace más de una década. Por último, Bélgica avanza señaladamente hacia una inmersión completa en el voto electrónico, hace treinta años que utilizan un sistema mixto en el que se identifica a los electores de forma tradicional pero se les proporciona una tarjeta magnética que permite realizar el voto mediante un puntero láser para más tarde introducirla en una urna clásica como resguardo electoral. Además sus documentos de identidad portan un chip con certificados digitales para la autentificación del documento y la firma, su adaptación para efectuar el proceso de identificación electrónicamente supondría el punto de inflexión en su completa ejecución.

En India, la introducción de máquinas electrónicas, aunque restringida territorialmente, han mejorado tremendamente el proceso electoral; cada máquina gestiona el voto de 3.840 electores mientras que no más de 1.500 pasan por cada mesa tradicional.

El fenómeno del fraude electoral y la compra de votos han propiciado en algunos países de América Latina la introducción de voto electrónico, en México se crearon nuevas instituciones electorales como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE) e instaló sistemas de transmisión automática de resultados como parte de su modernización. En Venezuela el 100% de los votos se recuentan mediante reconocimiento óptico de caracteres, para lo cual se tuvo de rediseñar el voto. Pero, sin duda alguna, el país puntero en e-voting de la región es Brasil, quien ha logrado una aplicación total de los mecanismos junto con una gran integración de los mismos por parte de los electores, más del 80% de los llamados a votar en Brasil han utilizado esta opción.

Por último, añadir a este respecto que ha sido habitual encontrar ciertos errores en la aplicación de estos mecanismos marcados por las prisas, el desconocimiento del software y la obsolescencia y coste de las máquinas.

¿Qué entendemos por voto electrónico actualmente?

Aquel que se lleve a cabo mediante algún dispositivo electrónico –donde se presenten las distintas opciones y permita su elección inmediata– automáticamente en una urna electrónica o una computadora. Definición que se integra sin problemas en los parámetros descritos por la Federal Election Commission (FEC) para el sistema de votación, “una combinación de equipos mecánicos y electromecánicos o electrónicos que incluye el software requerido para programar y controlar al equipo que se usa para definir las papeletas de votación; para recibir y contar votos; para reportar y/o mostrar resultados de la elección; y para mantener y producir información de auditoría. Además también puede incluir la transmisión de resultados sobre redes de telecomunicación”.

Automatizar el desarrollo, necesario en el proceso electoral, de un conjunto de acciones que exigen manejar un más que notable volumen de datos produce una serie de cambios en los materiales y los procedimientos: se eliminan el voto tradicionalmente entendido, el padrón impreso de electores, el acta electoral y sus traslados, la urna electoral, el voto por error y el resultado por confirmar; y se reduce el número de mesas electorales y sus miembros, colegios electorales, el tiempo de entrega de los resultados y el presupuesto público destinado al proceso electoral.

Tipos de e-voting

Las dos grandes categorías de voto electrónico son los sistemas de voto electrónico basado en papel y los sistemas de voto electrónico de registro directo, que incluye los sistemas de votación en red y en red asistido.

El sistema de votación basado en papel es el que emplea papel (tarjetas perforadas o sensibles a marcas), pueden registrar el voto electrónicamente pero los votos son emitidos y se cuentan mediante conteo manual. Con la innovación en el conteo mediante escaneo óptico y electromecánico o tabulación electrónica aparecieron sistemas en los cuales se podían marcar a mano el voto pero eran contadas electrónicamente.

El sistema de voto electrónico de registro directo (DRE; Direct Record Electronic) está basado en máquinas diseñadas especialmente con ese fin, que graban los votos emitidos desde una pantalla táctil o con botones en memorias removibles y una copia impresa (emitida normalmente al final). Durante el proceso de elección puede establecer conexión con otro dispositivo para consolidar e informar del desarrollo de los acontecimientos. Este sistema dota del manejo del voto exclusivamente al elector, no requiere papeletas y cuenta con un escrutinio preciso e instantáneo, no obstante, implica un cierto nivel de coste y debe ir acompañado con un programa informativo eficaz.

El sistema de votación electrónica en red asistido es presencial e interrelaciona un conjunto de computadoras que intervienen en el voto y el posterior escrutinio. Tras la identificación, se le asignará al elector una computadora (pueden ser perfectamente PCs, lo cual resulta familiar al elector) en la que seleccionará la opción deseada.

Y el sistema de votación electrónica en red no asistido, en cambio, tiene soporte en una plataforma de internet, por lo que no requiere de presencialidad, tan solo conexión a la red.

Los gastos asociados son notablemente menores a los de los anteriores tipos y consigue una extensión mucho mayor (incluso fuera del Estado), sin embargo, los problemas de seguridad han sido el principal motivo de su no aplicación en muchos casos. No se ha diseñado aún una fórmula que proteja al elector de la coacción o la compra de votos, fenómenos plausibles dadas las circunstancias.

Tipos de e-voting

Amenazas

El voto electrónico se desarrolla principalmente en proporción a la voluntad que hay en un país de adoptarlo, parece algo elemental, sin embargo, algunas variables ayudan a explicar verdaderamente la realidad existente:

La predisposición a adoptar medios tecnológicos (o su ausencia) es un factor relevante. En países como los europeos, en los que la población es algo más envejecida, algunos sectores se presentan reacios ante un mundo que les es prácticamente ajeno. Pero lo cierto es que tecnologías igual de hostiles se han instaurado en nuestro día a día sin mayor problema que la adaptación temporal, véanse los cajeros automáticos, los trámites administrativos o el uso del correo electrónico.

La confianza depositada en mecanismos que requieren de “fe” es otro de los elementos a tener en cuenta, típicamente el elector acostumbrado al modo tradicional de voto tiende a confiar de los mecanismo “tangibles” y desconfiar de todo lo que no deje rastro físico. Sin embargo, actualmente hay previstos medios que requieren de una igual o mayor fe, como el voto por correo, por lo que no debería ser extremadamente dificultosa la implantación del e-voting.

La presencia de analfabetización, casi irrelevante en occidente, no así en muchos otros países, conlleva una dificultad añadida para la modernización. A pesar de que es un argumento recurrido por los contrarios a la innovación electoral, las evidencias parecen apuntar que la riqueza visual que ofrece, no solo no perjudica a ese colectivo, sino que les beneficia.

La adopción de tecnologías inadecuadas a las necesidades, el abandono del proceso de modernización o problemas de infraestructura pueden convertir en contraproducente la estrategia del voto electrónico. Para solucionar estos posibles problemas debe darse un apoyo sostenido y consciente acompañado de respaldo experto en la materia.

La posible pérdida de empleos, un suceso plausible y a tener en cuenta como externalidad negativa. Pero no debemos perder la referencia, en la mayoría de los casos este es un coste relativo que va compensado (más o menos) con el empleo fruto de la instalación y mantenimiento del sistema.

La oposición política, una consecuencia previsible si tenemos en cuenta que los partidos más asentados y favorecidos por la estabilidad podrían ver afectado su lugar; y que con la introducción de algunas medidas, el electorado activo podría cambiar en proporciones con la inclusión de las franjas más jóvenes de la demografía. Aun siendo un hecho lógico, cuesta imaginar argumentos democráticos que viren contra la mayor inclusión de electores en el proceso electoral, por encima de los privilegios que haya aportado la situación anterior a alguno partidos.

El nivel de seguridad que asumen que tiene el voto electrónico, pues la desconfianza gira en torno a si el voto es realmente secreto, a la posible manipulación de los resultados, a la dependencia energética del sistema y a la comprobación del correcto funcionamiento del proceso. El grado de fiabilidad en este aspecto es suficientemente elevado, parece pesar más el aura de incredulidad que rodea al voto electrónico que el análisis riguroso de los hechos.

El marco legal, un requisito indispensable para dicho cometido. Para la correcta aplicación de medios tecnológicos en los procesos electorales se han debido de prever con anterioridad en el ámbito legal. Esto supone ciertamente un problema en caso de no encontrar apoyo mayoritario a nivel parlamentario, pero si, como hemos apuntado, ese apoyo es requisito previo, acomodar la legislación para el desarrollo no debiera ser problemático; sin mencionar que los países en los que la ley ya contempla o no prohíbe el e-voting no son pocos.

Los costes económicos no escapan de la crítica, mas, la adopción del voto electrónico puede incrementar al igual que puede disminuir los costes, en relación al sistema anterior, que, recordemos, no es ni mucho menos “gratuito”. Además, la inversión ocupa principalmente la primera etapa, la implementación, mientras que el mantenimiento es menor y puede suponer un ahorro al medio y largo plazo. Pero los costes o beneficios económicos no son los únicos términos a tener en cuenta en esta ecuación, ya que los beneficios no monetarios como la transparencia, la mayor inclusión o la mejora del “servicio” son más que relevantes.

Fortalezas

El voto electrónico, por otro lado, también cuenta en su haber con múltiples ventajas:

Permite, en prácticamente todas sus formas, reducir los procedimientos y recursos que conforman el día de la votación; el número de miembros de mesa, el conteo, el tiempo en obtener los resultados, la figura del voto nulo, etc.

Con un conteo mediante lectura óptica se imposibilita la subjetividad en la evaluación del voto, reduciendo el papel de los apoderados y la posibilidad de manipular (levemente o no) los resultados.

El elector puede verificar la elección realizada, sin embargo, aunque se impugnara la votación, ningún organismo de ningún tipo (tampoco electoral) podría conocer dicha elección.

Es evidente también el ahorro de los costes económico y ecológico al no imprimir papeletas electorales y certificados varios, además del despliegue policial que conlleva el trasporte de los mismos.

Otro hecho, para nada menospreciable, es la confianza de la que dota el e-voting a los electores que se encuentren fuera del territorio estatal, evitando cualquier temor a “errores” en el trámite electoral que dificulten ejercer tal derecho.

Por último, entendiendo que la intención de un sistema democrático participativo es articular una línea de gobierno con constantes intervenciones ciudadanas, el voto electrónico permite realizar consultas en cualquier momento con un ridículo coste marginal en comparación al método tradicional.

Conclusiones

La sociedad actual está inmersa en un constante cambio, el avance de las tecnologías y la globalización marcan los tempos. No parece sensato mostrarse reacio ante la voluntad de evolucionar, mejorar y transformar cualquier aspecto de la sociedad, puesto que resulta pernicioso anclarse. Especialmente ni el derecho ni la cultura democrática pueden permanecer ajenos a dicha evolución, el voto electrónico es un cambio sustancial del proceso participativo en el que se fundamenta el sistema democrático, no obstante, es un cambio a mejor, con sus imperfecciones y la voluntad de salvarlas en un futuro relativamente cercano.

Es nuestra obligación, como ciudadanos creadores y constituyentes de la cultura democrática, y la del derecho como estructura legal que debe adaptarse a la voluntad general en cada momento de su evolución, involucrarnos y trabajar en la adopción de un sistema de voto a la altura del momento.

Creación y desmantelamiento del Estado del Bienestar

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Tras el fin de la II Guerra Mundial en 1945, un conjunto de medidas keynesianas (correspondientes con lo que sería el welfare state o estado del bienestar) se abren paso con fuerza ante el, hasta el momento imperante, warfare state, el estado de guerra. Apoyados principalmente en el documental El espíritu del 45 de Ken Loach analizaremos la evolución que sufre la administración pública británica como reflejo de la situación europea en su etapa más amplia en derechos sociales y cómo esta ha sido desmantelada a posteriori con la llegada del neoliberalismo.

El Reino Unido hasta 1979

Creación del Estado del Bienestar

Una vez llegado el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa vivió un renacer consciente de los horrores que ésta había causado. Fue un momento clave, la sociedad británica había pasado unos terribles años de miseria, lo cual despertaba en ella una irremediable voluntad de evitar que alguien pudiera pasar por lo mismo en un futuro, el haber estado en la posición menos privilegiada del “contrato social” provocaba una fuerte solidaridad, incluso entre los que más tarde lograron mejorar su situación. Además, la URSS y su socialismo real parecían una alternativa más que viable al sistema del momento, actuaba así como polo de atracción para el resto de gobiernos europeos.

Éstos y otros motivos dieron pie a la victoria del Partido Laborista de Clement Attlee en las elecciones de 1945, sin duda, un punto de inflexión para la política social del Reino Unido. Los laboristas sentaron las bases del estado del bienestar británico en un periodo de 6 años, nacionalizaron el carbón (1947), los ferrocarriles (1948), la electricidad (1949), el gas (1949), impulsaron un plan de vivienda (1949) y crearon el National Health Service (Servicio Nacional de Salud).

Tras años de conflicto, la industria estaba dedicada al armamento y era necesario reimpulsar la economía. De nuevo se dieron las circunstancias necesarias, en este caso para construir el estado del bienestar.

Europa continental y su industria estaba derruida por lo que el Reino Unido pudo beneficiarse de su condición insular y el menor daño que eso conllevó para el país; había demanda de bienes manufacturados y los británicos resultaron ser unos firmes candidatos para solventarlo.

Con el objetivo de ocupar ese nicho de mercado, el gobierno laborista realizó una gran inversión en todos los campos antes comentados puesto que éstos son mayoritariamente monopolios naturales, es decir, bienes o servicios que resultan más conveniente que sean producidos por una sola empresa que por dos o más, puesto que el coste de la inversión inicial es enorme pero el coste relativo va disminuyendo con el tiempo. Hasta el momento, se vivían situaciones totalmente absurdas como el uso de distintas vías de ferrocarriles (según la compañía) o el alquiler de éstas y vagones por parte de unas empresas a otras.

Con la nacionalización se ganó en eficiencia, se mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores (mucho mejor protegidos por el Estado que por el interés de la empresa privada, conseguir un máximo beneficio a costa de su trabajo) y se redujo el precio del servicio. Y como con los ferrocarriles, esto ocurría con el resto de sectores. Lo que los laboristas trataban de implementar era un sistema que acabara con la exclusión de un gran porcentaje de la población en los servicios básicos como pudieran ser la educación o la sanidad. El sector privado no es el adecuado para proveer y regular dichos servicios si lo que se pretende es una cobertura universal de los mismos.

Objetivos del Estado del Bienestar

El pleno empleo, mediante la intervención del Estado, la contratación del sector público y la expansión de la demanda; la creación e inclusión de una fuerte clase media, proviniendo de forma universal de servicios básicos para sacar de la miseria a distintas capas de la población y así elevar el mínimo nivel de vida; y la consecución de la independencia del individuo, hasta el momento estrechamente atado a la familia, que era la encargada de combatir los fallos de mercado, eran algunas de las metas a realizar.

El esquema era simple, una mayor concentración de los recursos en menos manos implicaba una mayor desigualdad y dicha desigualdad es el enemigo a batir para una nación solidaria y comprometida.

Sin embargo, la cruda realidad es que un amplio desarrollo del estado del bienestar solo es posible en contexto de crecimiento económico puesto que el coste del susodicho es enorme. En épocas de crisis económica ese sentimiento de solidaridad puede ponerse en tela de juicio argumentando un excesivo coste del sistema social, la población tiende a envejecer y los que en su día fueron claramente beneficiarios de su redistribución ahora son quienes lo mantienen, cambiando con esto sus preferencias.

El Reino Unido a partir de 1979

Llegada del Neoliberalismo

A principios de la década de los setenta vemos como se empieza a gestar un cambio de la ideología hegemónica alimentado por intelectuales como Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Un ideario liberal en pro del libre mercado, el individualismo y el mito del self-made man, era el que defendían esta nueva oleada de pensadores. Además, la industria europea continental ya se había recuperado y había una notable crisis de sobreproducción.

Cuando dicho ideario llegó, de facto, al Reino Unido lo hizo de la mano de Margaret Thatcher. La candidata del Partido Conservador obtuvo mayoría en las elecciones generales de 1979 y con ello puso en práctica lo que acabaría por conocerse como thatcherismo, un conjunto de medidas y políticas que revertían por completo lo construido por el partido laborista hasta el momento. Para Margaret Thatcher el estado del bienestar británico había precipitado al país hacia un declive económico y social del que había que salvar cuanto antes.

Para realizar tal “hazaña”, la entonces ya primera ministra del Reino Unido, emprendió un polémico camino hacia la liberalización del mercado y la mínima interferencia del Estado en él. La privatización de las empresas públicas fue uno de sus hitos, el gas, el agua, el acero, etc., en menos de diez años la propiedad de todas estas empresas cambiaron a manos privadas.

Si se trataba de reducir el desempleo, encontramos el ejemplo de las minas de carbón, con la privatización los salarios disminuyeron, el despido se abarató y el empresario tenía plenos poderes para mangonear a miles de trabajadores. Por supuesto, el debilitamiento de los sindicatos, uno de los objetivos principales de Thatcher, tuvo mucho que ver al respecto.

La destrucción de los lazos de solidaridad y asociación fueron decisivos en la lucha de los trabajadores británicos por sus derechos y puestos de trabajo. Tal y como se expone en El espíritu del 45, las minas de carbón del Reino Unido pasaron de ser 184 en 1983 a tan solo 14 poco más de once años después. Los resultados de dicho fenómeno son evidentes, un aumento del desempleo en esas ciudades que además no fueron compensadas con nueva industria por lo que los antiguos trabajadores del carbón se vieron desvalidos ante la nueva y desesperante situación. El desempleo aumentó pero el beneficio de los propietarios de las empresas carboneras no decayó.

El National Health Service (Servicio Nacional de Salud) fue blanco también del thatcherismo. Si bien es cierto que no ocurrió tal y como con los sectores de telecomunicaciones, agua o gas, se empezó a introducir la lógica neoliberal en ámbitos como la contratación de empresas privadas para el housekeeping de los centro sanitarios. La realidad es que el ahorro generado por la contratación del presupuesto más barato para el mantenimiento acabó por contrarrestarse con los gastos que conllevaban la atención y cuidado de los pacientes que enfermaban por el pésimo trabajo realizado en salas de quirófano y demás.

Estos dos ejemplos son tan solo una pequeña muestra de la realidad neoliberal que Margaret Thatcher conllevó para el estado del bienestar británico. Para su gobierno, el Estado debe olvidarse de ser el benefactor de los trabajadores frente al libre mercado ya que esto impide al mercado autorregularse correctamente, por ello se busca desmantelar el estado del bienestar como se le conoce limitándolo a un sistema de transferencias universales austeras, ayudas con comprobación de rentas (en ningún caso universales) y subsidios con respecto al mercado. Resulta difícil de explicar este comportamiento si no se tiene en cuenta la idea ultraindividualista neoliberal, que en sus últimos términos da pie a afirmaciones como que el hombre pobre lo es por falta de voluntad de trabajar y esforzarse, por lo que ayudar a estas personas no hace otra cosa que alimentar su dependencia y holgazanería.