Análisis del framing: Campaña electoral de la CUP 2015 (Parte l)

Haciendo buen uso del enfoque que nos proporciona la lectura de No pienses en un elefante: lenguaje y debate político de Lakoff y especialmente al análisis de los frames o marcos, trataremos de desmenuzar, apoyándonos en una lógica minimalista, los activadores marcos conceptuales que contiene el mini film realizado por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) para la campaña electoral en las elecciones autonómicas catalanas de 2015. Tan solo nos serviremos de un spot por aquello de que menos es más.

Éste es un corto cargado de metáforas y dobles sentidos, con él pretenden ganar la simpatía de los televidentes de ideología similar a la suya con bromas que alguien ajeno a la política catalana no entiende y despertar curiosidad en los que no son afines a la CUP, además, y como analizaremos, de activar ciertos marcos mentales.

Situación Política

Pero para entender la campaña electoral debemos hacer una breve revisión al contexto en el que acontece. El 27 de septiembre de 2015 se celebraban las elecciones al Parlamento de Cataluña. Cinco millones y medio de catalanes estaban llamados a las urnas tras la anticipación de catorce meses por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de las elecciones, fruto de una reunión con los máximos representantes de ERC, ANC, AMI y Òmnium Cultural.

El tema en torno al que giró la agenda política dedicada a las elecciones fue la independencia de Catalunya. Mas definió la convocatoria electoral como la “consulta definitiva” tras el intento refrendario del 9 de noviembre de 2014. Los medios tildaban el 27 de septiembre como “las elecciones autonómicas más transcendentales desde la recuperación del autogobierno en 1979”. Era la oportunidad de Catalunya para reafirmar la voluntad independentista o, por el contrario, demostrar que sentían que esa no era la dirección adecuada.

Artur Mas planteaba las elecciones como un plebiscito, es decir, utilizar un mecanismo democrático para formar gobierno en forma de referéndum al uso. Dicho planteamiento supuso un conflicto en sí mismo, por un lado las fuerzas independentistas querían hacer de la cita electoral la fecha que marcara el inicio del camino real y directo hacia la independencia (consecuencia directa, se presupone, a una gran victoria electoral); por el contrario, los partidos unionistas trataban de deslegitimar un posible resultado adverso negando la mayor, se oponían a que las elecciones tuvieran un carácter más allá del habitual.

La excepcionalidad del acontecimiento era innegable en cuanto a las candidaturas, donde encontramos a CDC al margen de UDC, dentro de una lista conjunta (con Mas en cuarto lugar) formada junto a ERC y distintos líderes independentistas. Y la presidencia de Mas pasaba necesariamente por la mayoría absoluta de Junts pel Sí, puesto que la CUP, su único apoyo independentista fuera de JxSi, había asegurado con anterioridad que no iba a dar apoyo al expresidente.

Rajoy con el discurso del miedo, Rivera con retórica reaccionaria y continuista y Sánchez respaldando un proyecto federal como tercera vía al conflicto, llamaron a las urnas a los abstencionistas bajo el presupuesto que el porcentaje de personas que se abstienen en las elecciones autonómicas pero vota en la generales acudiera a la cita elevando la participación por encima del 70% y eso impediría a los independentistas lograr su objetivo.

La CUP en el lado independentista, tenía que lidiar con el PP, Ciutadans y el PSC por la autodeterminación, principalmente con CDC por el proyecto de país y con ERC y ICV por representar a la izquierda. Además, por la situación clave en la que las predicciones pronosticaban la posición de la CUP, éstos se verían sumamente presionados.

Fuente: El País, 21 de septiembre de 2015. Intención de voto en Cataluña: http://elpais.com/elpais/2015/09/18/media/1442600262_010904.html

La teoría del framing: No pienses en un elefante de George Lakoff

George Lakoff es catedrático de ciencia cognitiva y lingüística en la Universidad de California e investigador de lingüística cognitiva. Durante los años sesenta contribuyó en gran medida a la creación de la semántica generativa. Ya en los setenta fundó la lingüística cognitiva y fue una de las cabezas más visibles de la teoría neutral del lenguaje durante los años ochenta.

En el campo de la lingüística cognitiva ha trabajado en la naturaleza de los sistemas conceptuales humanos y en conceptos como el tiempo, la causalidad, la moral o las emociones mediante su teoría sobre el pensamiento metafórico.

Lakoff, ha teorizado también sobre el framing en el libro “No pienses en un elefante” (símbolo de los republicanos) que trata el lenguaje y el debate político de Estados Unidos para sentar las bases generales sobre la creación y establecimiento de marcos mentales.

Los avances de la ciencia cognitiva no nos han permitido aún comprender de forma total por qué, pero el ser humano entiende y piensa bajo un esquema de marcos mentales y metáforas, “estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo; todas las palabras se definen en relación a marcos conceptuales” (Lakoff, 2007: 4).

Dichos marcos o frames son la cristalización del inconsciente cognitivo, los marcos son la herramienta que nos permite comprender dentro de los parámetros que éstos fijan. No podemos acceder a ellos conscientemente, sin embargo, tenemos constancia de ellos por las consecuencias observables que generan, véase la interpretación propia de cada uno del término sentido común. Actúan en forma de filtro que dota de sentido los estímulos informativos que recibimos, por lo que podríamos decir que lleva a cabo principalmente dos tareas, la primera es la de gatekeeper, es decir, discriminar entre la información que se adapta al marco mental y, por lo tanto, se interioriza; y esa información demasiado subversiva o inconcebible que acaba por desecharse por no pasar el filtro. La segunda, como hemos comentado, es la de añadir valor añadido, ideológico, congruente con nuestro marco mental utilizando el marco conceptual invocado por unos conceptos concretos.

Para una mejor comprensión vamos a servirnos del ejemplo utilizado por Lakoff, George W. Bush mencionó durante el Discurso del Estado de la Unión “no necesitamos presentar ningún justificante del permiso para defender a América”. La utilización de la expresión “justificante del permiso” no es casual, hace referencia a la autorización necesaria para los alumnos en los institutos de Estados Unidos para andar por los pasillos de los mismos con el fin de ir al baño o la enfermería. Este justificante es otorgado por un adulto que representa la autoridad, un profesor por ejemplo, a un adolescente, un alumno, que debe acatar las normas impuestas por las personas que sí saben qué es lo mejor para ellos. Al hacer alusión a ese concepto se despertó, en todo aquél que tuviera un esquema de valores más o menos cercano al de Bush (el del padre estricto), el marco en que Estados Unidos es el adulto en el sistema político internacional, ergo no debe pedir permisos a nadie para intervenir o actuar del modo que ellos crean que es adecuado, en cualquier caso es a él al que deberían pedírselo.

Dicho esto, se hace inevitable entrar en la cuestión del esquema de valores, el esquema preponderante en Estados Unidos en ese momento era el del padre estricto. Se le llama de este modo en el libro porque Lakoff se da cuenta mediante un trabajo de un alumno suyo de la universidad que los estadounidenses toman la familia como metáfora de nación, ya que encontramos unos padres (los fundadores), unas hijas (de la Revolución Americana) y unos hijos (los que mandan a la guerra). Sabiendo esto, se propuso analizar las dos visiones mayoritarias de la nación en Estados Unidos y relacionarlas con sus respectivas ideas sobre la familia y el resultado fueron los modelos del padre estricto y el padre protector.

Bush recibió apoyo suficiente en la intervención en Irak porque según el esquema familiar del padre estricto, el individuo “cree en la necesidad y el valor de la autoridad, que es capaz de enseñar a sus hijos a disciplinarse y a luchar en un mundo competitivo en el que triunfarán si son fuertes, afirmativos y disciplinados” (Lakoff, 2007: 2). Al conseguir Bush establecer la situación de Estados Unidos como la del padre que debe hacer buen uso de su autoridad, por lo tanto, establecer el marco mental del padre estricto como hegemónico, la información que iba en contra de lo establecido subconscientemente como la ausencia de vínculos entre Al Qaeda y Sadam Hussein o la fantasiosa existencia de armas de destrucción masiva, no logró entrar en el consciente colectivo del pueblo estadounidense porque el marco del momento era otro.

Hubiera sido distinto de haber dominado el esquema del padre protector, que consiste en una visión demócrata y progresista, que ve la educación como una tarea conjunta tanto del padre como la madre, quienes deben apoyar y entender a sus hijos, escucharles, darles libertad suficiente y confianza en los demás para que logren cooperar con sus iguales.

Pero la clave de la victoria del partido republicano en esa ocasión no fue fruto de la casualidad, la estrategia republicana ha sido focalizar los esfuerzos en activar el marco que más les beneficiaría. Dicho esfuerzo cristalizó en una gran inversión de fondos, tiempo de investigación, educación y reproducción de valores para que éste acabara implantándose en el imaginario colectivo de forma que aceptaran de buen grado sus consecuencias prácticas.

Los think tanks son los responsables en buena medida del proceso mencionado, un conjunto de universitarios, publicistas, periodistas, escritores, especialistas en comunicación e imagen que con el tiempo irían modelando el discurso para lograr una total inmersión en el mundo ideológico republicano; de tal modo que a día de hoy los demócratas debaten sobre los impuestos asumiendo las consecuencias de jugar en campo rival, partiendo de éstos como una pesada carga y no como una inversión en la propia nación.

Lakoff sostiene que los ciudadanos votan en base a sus valores, sus referentes y sus principios, ergo los estereotipos morales y culturales afectan, en medida que enmarcan provocando rechazo o admisión de la información recibida y dotándola de sentido, la decisión electoral. Por supuesto, no todo son las palabras, el campo conceptual per se no es el elemento fundamental para el cambio, sino que en tanto en cuanto conducen a la creación de marcos mentales, hacen de esa relación el verdadero quid de la cuestión.

Debemos apuntar, a modo de última reflexión pertinente al tema, que aun estableciendo estos dos esquemas de valores y la preponderancia que presenta uno frente al otro en Estados Unidos, es de recibo entender dichos modelos como ambos presentes en el interior de los ciudadanos en una pugna constante por situar valores propios en el imaginario colectivo. Pues parece esencial en la lucha de valores conocer el modo óptimo de activar los marcos pertinentes para movilizar al mayor número posible de electores.

Es en estos aspectos donde los demócratas han salido perjudicados, no han sido capaces de entender la importancia de imponer el marco mental predominante, a diferencia de sus directos competidores, y han ido salvando la situación ante las embestidas republicanas basándose en la opinión pública. Los republicanos han encontrado la fórmula para comunicar y enmarcar el discurso bajo un lenguaje propio que les ha llevado a sus mayores éxitos electorales.

¿Qué es el crowdsourcing y el consumer work?

El crowdsourcing y el consumer work están presentes de forma constante y natural en nuestras vidas, sin embargo, que desconozcamos dichos conceptos es síntoma de que no se ha discutido y tratado como debería. Hemos asumido las lógicas implícitas en estos fenómenos sin pararnos a reflexionar sobre si nos son beneficiosos o perjudiciales, por ello, realizaremos una breve aproximación a continuación.

Crowdsourcing

La vida social siempre ha incluido de algún modo las tecnologías, puesto que éstas hacen posible y amplían la capacidad de interacción social y de influencia sobre el entorno. Por ello, las tecnologías forman parte de un complejo sistema de relaciones de poder.

Así lo interpreta la Teoría Crítica de la Tecnología, desde la cual se entiende que el nivel de desarrollo tecnológico de una sociedad no es tan solo el conjunto de dispositivos, técnicas y logística, sino que moldea de algún modo la vida social y tiene cierta influencia en las relaciones de poder mencionadas antes y su consecuencia, las luchas políticas, disminuyendo el nivel de libertad en la toma de decisiones que éstas conllevan (Feenberg, 1991). Por ello, el ámbito tecnológico no es un escenario neutral, sino que representa una arena más de lucha ideológica y de poder por su ambivalencia en el desarrollo potencial del mismo.

Con un desarrollo tecnológico antes inimaginable se presenta actualmente el fenómeno del crowdsourcing, término acuñado por Jeff Howe (2006) como fusión de crowd (multitud) y outsourcing (externalización). Dicho concepto aparece mucho más tarde que su manifestación práctica, pues Wikipedia, ejemplo paradigmático de crowdsourcing, es creada a principios de 2001. Pero ni siquiera es Wikipedia la primera muestra de crowdsourcing, la colaboración masiva, externalizada y abierta es anterior a todo eso, no obstante, lo que sí es significativamente nuevo es la utilización de internet y la revolución que ha conllevado.

El crowdsourcing no se puede comprender sin antes contextualizarlo en lo que llamaremos capitalismo informacional, una etapa de dicho sistema económico en la que la lógica de la acumulación industrial pierde peso en favor de las nuevas tecnologías de la información, la esencia de la productividad abandona la transformación de la materia y la búsqueda de nuevas energías y apunta hacia la creación de flujos de información y conocimientos. Las cadenas productivas empiezan a reorientarse hacia los procesos productivos informacionales, constituidos por información digital que es creada, transformada y puesta en circulación a través de las tecnologías digitales y reguladas mediante la propiedad intelectual (Zukerfeld, 2010).

Este cambio, a la par que la globalización, transforma por completo la división del trabajo, se crea una nueva hegemonía dentro de la cadena de valor productivo.

Pues bien, crowdsourcing no es contratación externa, ya que el equipo de personas que van a desarrollar la tarea no está definido y localizado previamente; tampoco es producción de código abierto donde la tarea nace y muere por parte de los miembros de un propio equipo; no utilizan software libre (Vidal, 2000); y plantean cierta jerarquía (los desarrolladores son los que guían el proyecto filtrando las aportaciones).

En suma, entendemos el crowdsourcing como:

“Una actividad participativa en línea en la que un individuo, una institución, una organización sin fines de lucro, o una compañía propone a un grupo de individuos de conocimientos, la heterogeneidad y número variables, a través de una convocatoria abierta y flexible, el desarrollo voluntario de una tarea. La realización de la tarea, de complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su trabajo, su dinero, su conocimiento y / o su experiencia, siempre conlleva un beneficio mutuo. El usuario recibirá la satisfacción de un determinado tipo de necesidad, ya sea una retribución económica, reconocimiento social, autoestima o el desarrollo de las capacidades individuales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio lo que el usuario ha aportado al proyecto, cuya forma dependerá del tipo de actividad que se realice” (Estellés Arolas y González Ladrón de Guevara, 2012: 9-10).

Consumer work

Del mismo modo, el fenómeno del consumer work se enmarca en esta nueva etapa del capitalismo donde las esferas de la producción y el consumo, bien diferenciadas en la fase industrial, se acaban confundiendo (Kleemann, Voß y Rieder, 2008: 6). El consumo de masas, la producción de bienes que los propios trabajadores pudieran comprar, fue revolucionario pero a día de hoy el capitalismo ha dado una vuelta más de tuerca; ya no solo son los trabajadores los que pasan a ser consumidores, sino que también los consumidores (sean o no trabajadores) pasarán a formar parte del proceso productivo de forma que la explotación y el robo de plusvalía sea mayor. Ejemplo de ello son los ya naturalizados supermercados, empresas como IKEA o las omnipresentes cadenas de comida rápida donde una parte importante del servicio es llevado a cabo por el propio cliente. Además, al igual que el crowdsourcing, con internet se ha multiplicado casi exponencialmente la lógica del consumer work, egovernment, e-commerce, e-banking, etc., son nuevas formas de incluir al consumidor en la producción del servicio con apariencia de comodidad o flexibilidad.

Vistos y contextualizados ambos elementos, podemos pasar a comentar las consecuencias que derivan de los mismos.

Las empresas experimentan una reducción de los costes, lo cual les reporta una mayor ganancia, gracias a la menor complejidad en la venta por la introducción de portales web desde donde el propio consumidor se atiende y cobra con acciones muy definidas, sin matices (Grün & Brunner; 2002). También una mayor productividad mediante un uso más eficiente de los recursos, ya que pueden expandirse geográficamente y aumentar las horas de servicio, lo cual implica un mayor volumen de ventas y por ende un menor que reporte a su vez más ventas (Grün & Brunner; 2002). Y un enriquecimiento en la información e ideas, ya que se sirven del conocimiento que el consumidor les ofrece (Grün & Brunner; 2002). Además, Reichwald y Piller (2006: 149-154) apuntan la reducción de la cantidad de tiempo que hay que invertir para desarrollar nuevos productos, la reducción de costes de innovación, el aumento de aceptación en el mercado y disposición a comprar nuevos productos y el aumento de la percepción subjetiva por parte de los consumidores de la novedad real de un nuevo producto.

Estas son las consecuencias en cuanto a producción y beneficio que podrían formar la primera de las consecuencias de Kleemann, Voß y Rieder (2008: 23-24), tras la que siguen:

La influencia en el diseño del producto; se presupone un cierto poder sobre los productos o marcas por parte del conjunto de consumidores y especialmente aquellas personas –influencers, bloggers, etc.– que “se dedican profesionalmente” a publicitar productos. La menor calidad del producto; para ser cliente o consumidor no debes estar formado, sin embargo, son tus ideas y tus sensaciones las que van a contar para el diseño final y éstas pueden no ser las mejores. Y por último, una mejora de las condiciones de trabajo; la flexibilidad que caracteriza el trabajo en crowdsourcing es radicalmente distinta a los tempos de la antigua lógica industrial y eso puede ser visto como una mejora.

A modo de conclusión, parece necesario resaltar el desequilibrio en el reparto de externalidades. Las empresas se ven afectadas en su práctica mayoría por consecuencias positivas mientras que las reservadas a los clientes son limitadas y mayormente negativas.

Es por ello, haciendo un repaso de todo lo comentado, que entendemos los fenómenos del crowdsourcing o el consumer work como los nuevos mecanismos de explotación moderna, cada vez menos explícitos y punitivos en favor de la persuasión y la interiorización de la lógica de explotación para un mayor consentimiento y disposición.

Crisis fiscal del Estado James O'Connor

Tal y como comentábamos en Creación y desmantelamiento del Estado del Bienestar, algunos bienes o servicios, por sus características, pueden producirse a menor coste si son producidos por una sola empresa  que por varias en competencia, es a lo que llamamos monopolio natural. Normalmente estos monopolios naturales tienen mucho que ver con la inversión en la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio, esto es, el agua, por ejemplo, si hubiese más de una empresa oferente deberían poseer un sistema de tuberías distinto, lo cual elevaría el coste y, por ende, el precio de venta. Pero no solo el servicio de aguas se presenta como monopolio natural, también lo son los ferrocarriles, los aeropuertos, el gas, la electricidad, la telefonía, el alcantarillado o las carreteras, entre otros.

Es especialmente en este tipo de servicios en los que el Estado con labor social realiza una gran inversión para construir las infraestructuras necesarias (sistema de cañerías, alcantarillado, vías de ferrocarriles, etc.) y a menudo, como es lógico, crea su propia empresa (pública) para proveer el servicio mediante éstas. Sin embargo, es más habitual encontrar empresas privadas que públicas gestionando estos sectores, por lo tanto un pequeño grupo de personas se enriquecen a costa de lo pagado por el conjunto del Estado; el cómo y el por qué nos lo cuenta James O'Connor.

El estadounidense realiza en Crisis fiscal del Estado un análisis del modo de producción capitalista (la que vivimos) y la crisis económicofiscal (por desgracia, también) que dicho modo conlleva. O'Connor no es marxista ortodoxo, sin embargo, emplea el término acumulación de capital, propio de esta corriente de pensamiento, combinado con el concepto de legitimación de Max Weber.

A grosso modo, O'Connor sostiene que el sector privado crece principalmente a costa del sector público. En caso de ser esto cierto, todo el argumentario liberal y neoliberal sería poco menos que un intento por vender humo. Trataremos de evidenciar el planteamiento del autor con 2 casos paradigmáticos en España, pero que podrían extrapolarse a cualquier Estado con un mínimo de vocación por los servicios públicos.

Telefónica

Telefónica es una multinacional dedicada a la telefonía creada en 1924 bajo el nombre de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) en la dictadura de Primo de Rivera como filial de ITT, la empresa estadounidense.

En 1945 fue nacionalizada por el régimen franquista como sector estratégico de telecomunicaciones y un par de décadas más tarde, con la apertura al capital estadounidense y las remesas monetarias recibidas de los exiliados antifascistas, la compañía emitió millones de acciones adquiridas por pequeños accionistas españoles.

La entrada de capital (interior y exterior), las nuevas tecnologías y el régimen monopolístico permitieron el salto de Telefónica hacia el mercado exterior (principalmente Latinoamérica) convirtiéndose en una multinacional. Es entonces cuando comienza el proceso de privatización, España malvende las “joyas de la corona” (Seat, Enasa, Marsans, Endesa, Repsol, o Argentaria), empresas solventes que reportaban beneficios, con el pretexto de reducir el déficit público (notablemente menor que el actual).

Con la privatización llega la precarización laboral y las corruptelas en forma de puertas giratorias y demás estratagemas. La plantilla de Telefónica se redujo en un 75% desempleando 60.000 personas mientras los beneficios anuales no hacían otra cosa que aumentar.

Algunos de los accionistas más importantes de la empresa, y por lo tanto, beneficiarios de dicho proceso son el BBVA, la Caixa y el Banco Santander.

Bankia

Como apuntábamos, la excusa en el momento de privatizar empresas públicas fue la necesidad de reducir el déficit público, sin embargo, no se molestaron en disimular cuando dedicaron muchísimo más dinero en salvar a la banca y aumentar ese déficit. 

Bankia, el caso más sonado de un proceso que afectó a muchas otras entidades, se embolsó cerca de 24.000 millones de euros de los fondos públicos. Y eso sin mencionar los 200.000 millones (un 20% del PIB) que se dedicó en ayudas públicas al conjunto del sistema criminal financiero español. 

No obstante, los responsables del hundimiento de la banca salieron bien parados con una indemnización millonaria bajo el brazo; no es un saqueo, “eso es el mercado, amigo”, que decía Rato. 

Puede parecer una tomadura de pelo demasiado evidente como para llevarla a cabo, pero hemos acabado por interiorizar tanto algunas ideas injustas que suele pasar por algo normal. ¿No habéis dado nunca dinero a alguien que pide en la calle, dado propina o participado en una recogida de alimentos (casualmente organizada con la colaboración de un supermercado que se llena los bolsillos con ello)? Pues pensad en quién es el culpable de la situación y quién se sacrifica para solucionarla; Merlí lo dice bastante claro:

 

Redes sociales y Administración Pública en España

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La creación del estado del bienestar en España tras la dictadura franquista conllevó un notable crecimiento a su vez de la administración pública llegando a contar con más de tres millones de asalariados a su cargo. Pero el desarrollo entendido como ampliación no es suficiente, la modernización es requisito imprescindible para la consecución de un servicio óptimo en el sector público.

En los últimos veinte años hemos presenciado un proceso de cambio que podría considerarse casi de estructural ya que ha transformado los medios de las administraciones públicas españolas hasta el punto de mantener poco más que la esencia de las mismas.

Durante la década de los noventa se procedió, en primer lugar, a la digitalización de los archivos, lo que podría llamarse la macro automatización. Tras este proceso se trabajó en la micro automatización, es decir, la “digitalización del personal”, proveer de computadoras (PCs) al funcionariado público y paralelamente formarlos en la ofimática necesaria. Hasta entonces la administración iba un paso por delante con respecto a la sociedad española en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación pero es a raíz de ese momento, durante la primera década de los 2000, que con la llegada de internet las administraciones deben sufrir una transformación estructural para adoptar una actitud digital, tener la capacidad de compartir información digitalmente y provisionar de la seguridad suficiente. Es entonces, cuando empezamos a hablar de e-administración, cuando llegaron las redes sociales digitales y la sociedad le tomó la delantera a la administración pública, de los aproximadamente 46 millones de habitantes en España, casi 36 millones son usuarios de internet y 22 lo son de redes sociales según We Are Social. 

A finales de la década pasada las redes sociales se volvieron el centro de atención del sector más innovador de la administración, ven en ellas una nueva herramienta de gestión pública. Los nuevos partidos caracterizados por el uso de dicha herramienta (y a la que deben parte de su éxito) se la llevan con ellos al entrar en las instituciones. Pretenden ir más allá en términos de comunicación e interacción con la ciudadanía, especialmente en un clima de alejamiento de la política e instituciones y desafección es donde las redes sociales tienen la capacidad de volver a tornar humanos a esos seres ajenos, distintos e incomprensibles para el ciudadano medio.

Los medios tradicionales, de forma unidireccional, han establecido el modus operandi de la comunicación hasta hace bien poco, pero las redes sociales han capacitado a individuos y organizaciones, antes estériles, de poder comunicativo y ser fuente de información. Esto no solo permite emitir y recibir información en red pensando en los ciudadanos sino que también mejora la calidad de los funcionarios dedicados a la gestión y el diseño de políticas y servicios públicos.

Si analizamos el modo en el que las redes sociales han sido adoptadas por la administración veremos que no ha sido una decisión top–down aplicada de forma general, a diferencia de la creación de correos electrónicos (no de forma general pero si fruto de una toma de decisiones de altos cargos) o de las páginas web, han sido fruto de iniciativas personales, con carácter informal y carente de algún orden o control. Incluso cuando se ha utilizado esta herramienta como propia podemos identificar errores en su uso y es que si la administración pretende una óptima presencia en internet y las redes sociales, debe llevar a cabo una filosofía comunicativa que se adapte al medio, dejando atrás la rigidez y formalidad por la que se caracteriza.

¿Para qué son realmente útiles las redes sociales para la administración pública? Nos hemos referido parcialmente a algunas de sus cualidades, sin embargo, Ignasi Genovès lo reduce a tres ideas principalmente, las redes sociales son especialmente útiles para:

- “Proporcionar respuestas inmediatas a las personas usuarias, pero aquí la información ofrecida es útil también para otras personas en la misma situación (se gana tiempo y recursos, tal como sucede en el canal web en general). Todo esto de una manera más cercana, ya que estamos en el contexto personal del usuario. 

- Redirigir a la gente hacia la web corporativa (o hacia un recurso acordado que tenga tanto crédito como la información generada por los canales oficiales) para ampliar la información oficial. 

- Facilitar la creación de redes temáticas de usuarios que, a su vez, producen conocimiento fundamental y complementario para que la organización conozca los intereses y la información que generan estas redes y los pueda tener en cuenta.”(Criado y Rojas-Martín, 2013: 12)

Por otro lado, ya incluso dentro del mundo digital, del mundo web vemos cambios, el más radical ha sido el salto desde la Web 1.0 a la llamada Web 2.0. El cambio a 2.0 implica una nueva hornada de servicios en internet, esta vez centrados en el término red y la creación de comunidades.

Redes de intercambio de fotografías, como Instagram o Flickr, o vídeo, como YouTube, wikis como la Wikipedia, blogs, conectores sociales como Facebook, microblogging como Twitter o redes de contactos profesionales como LinkedIn son algunos de los ítems que encontramos dentro de esta nueva web 2.0. Su existencia es consecuencia directa del uso de los distintos medios antes mencionados y su evolución está condicionada por tres factores fundamentales para su adaptación en el mundo de la administración pública.

Los individuos deben ser capaces de jugar un rol de prosumer (Chun et al., 2010), convirtiéndose en agentes activos en la creación de contenido. El escenario 2.0 está diseñado con el supuesto de implicar lo suficiente al consumidor como para que se haga partícipe en la organización, diseño, creación, intercambio y evaluación de dicho contenido, del mismo modo, la formación de redes sociales pasa por la interacción entre ellas.

La red como unidad elemental y, en consecuencia, la organización agrupada en comunidades estructuradas desarrolladas por multitud de individuos es el horizonte ideal a alcanzar y no parece tan lejano, entendamos las comunidades como aquello que se crea en torno a un tema, el ejemplo de Criado (2012: 6) me parece de lo más explicativo, apunta la importancia de “crear etiquetas (tags) de sus vídeos preferidos en YouTube. Cuando una persona comparte y etiqueta un vídeo usando ‘Shakira’, ‘Barcelona’, ‘concierto’, ‘2011’, además de demostrar interés por una determinada cantante, está facilitando que otros usuarios puedan localizar más fácilmente ese contenido en ulteriores búsquedas.”

También debemos prestar atención al concepto de inteligencia colaborativa, plenamente integrado en la terminología de la Web 2.0. Con la libertad que otorga el escapar de los límites formales por lo que se regía la Web 1.0 el público crea contenido y, sobre todo, lo evalúa de forma constante, lo cual permite desplazar la potestad de otorgar el prestigio y la relevancia hacia el conjunto de los individuos. En cambio, el modelo anterior priorizaba la organización como única fuente de información relegando un rol menos destacado al usuario. El paradigma de este aspecto sea probablemente lo que supone Wikipedia.

Por último, la Web 2.0 permite salvar en mayor medida la intermediación en la relación entre organizaciones y usuarios, ergo aumenta considerablemente la capacidad de creación de valor añadido, puesto que una gran cantidad de individuos podrán llevar a cabo sus ideas y proyectos en arenas como la política o la empresarial sin la necesidad de un profesional o un partido político. Así el mercado de oportunidades se autorregula elevando los vínculos productivos y fructíferos a la par que obvia los poco útiles. De igual forma logra establecer relaciones más horizontales y con una necesidad menor de inversión.

Dejando la teoría atrás, si estudiamos los comportamientos en la Web 2.0 de las principales administraciones públicas en España encontramos hasta siete clases de red social empleadas. Si bien es cierto que el universo de la tecnología social es pasmosamente inmenso y versátil, con lo cual puede cambiar de forma radical en un breve periodo de tiempo, éstas son las plataformas utilizadas desde el sector público (Criado, 2012):

Facebook

Una de las más populares en su momento como red social, ha sido integrada a la administración como primeros pasos en la aventura digital social, sin embargo, las evidencias parecen demostrar que su capacidad de difusión es de las más reducidas en comparación al resto. Mas ha sido útil tanto por su capacidad de contener y combinar varios formatos como por el acercamiento de las instituciones a un terreno caracterizado por sus rasgos de relaciones más personales, pero especialmente por el feedback recibido agregando los me gusta y los comentarios e interacciones.

La intención de la administración en el uso de Facebook no es otro que el de informar, dejando particularmente de lado la colaboración o la participación. Quizá la excepción sea la página de la Policía Nacional, pero probablemente tenga relación con el éxito de su homónima en Twitter; si pensamos en las cuentas de, por ejemplo, museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (https://www.facebook.com/museoreinasofia) podremos identificar dicha mecánica.

Twitter

La hemos mencionado haciendo referencia a la cuenta de la Policía Nacional (https://twitter.com/policia), y es que el éxito de dicha cuenta es indiscutible, con 2,54 millones de seguidores es la cuenta policial más seguida del mundo (casi un millón de seguidores más que la segunda, el FBI). Esto cobra mayor relevancia si cabe teniendo en cuenta que Twitter es la red social digital con mayor presencia y actividad por parte de las administraciones públicas. Tanto es así que distintos cuerpos policiales y servicios de emergencias han decidido seguir los pasos de @policía reportándoles mayor rendimiento.

Mediante el microblogging se permite el desarrollo de las facetas personal y/o profesional en posts de máximo 140 caracteres. Podemos retwittear para compartir y viralizar el contenido, dar me gusta para archivar en nuestro historial el twit o contestar con otro post relacionándolos para terceros usuarios también. La viralidad y la gran retroalimentación que esta red proporciona es su mayor fuerte.

LinkedIn

En cuanto a las relaciones profesionales, es habitual encontrar perfiles de LinkedIn vinculados a la administración pública. LinkedIn es una red social digital que permite a la administración la búsqueda de los mejores candidatos a diversidad de puestos ofertados. Por otro lado, ofrece a los empleados públicos la oportunidad de amplificar su oferta en una red donde está, a su vez, en contacto con otros empleados públicos o profesionales.

Novagob

Hace ya unos años del inicio de este proyecto, una red social orientada concretamente al sector público de España y Latinoamérica (académicos, funcionarios, consultores, etc.) que contiene debates, comparte documentos, crea grupos de trabajo, etc. El valor añadido de NovaGob es su “filosofía abierta y colaborativa que se despliega mediante software de fuentes abiertas y con unos contenidos bajo licencia creative commons.” Y por supuesto, “no depender orgánicamente de ninguna institución pública facilita la autonomía de la red social, así como el intercambio informal y libre de información y conocimiento". (Criado, 2013: 22)

YouTube

También el ámbito del Broadcasting es uno de los más frecuentados por las administraciones. En él se engloban las herramientas dedicadas a compartir documentos como GoogleDocs o Dropbox, fotografías como Instagram o Pinterest, presentaciones como SlideShare o vídeos como YouTube. Son utilizadas por administraciones públicas para facilitar la difusión de contenido y por los ciudadanos con el objetivo de ampliar el conocimiento colectivo.

Dentro del broadcasting, YouTube es la herramienta que se ha empleado en mayor medida por la administración por su capacidad de difusión y seguimiento. No solo escala a nivel internacional la posible repercusión y permite su repetición casi sin límites, sino que también resulta una buena herramienta para recibir información sobre la relevancia del contenido para la ciudadanía. Debe hacerse mención especial al canal del Ministerio de Defensa (https://www.youtube.com/user/MinDefensa) con más de 15.000 suscriptores y su vídeo más visto ronda las 800.000 visualizaciones; y a los dedicados a la televisión pública, Radio Televisión Española (http://www.youtube.com/user/rtve) y TV3 (https://www.youtube.com/user/tv3) cuentan con más de 160.000 suscriptores cada uno y sus videos cuentan por millones las visualizaciones.

Blog

Algo más antiguo en el mundo digital pero que sigue reportando beneficios es el Blog. Este tipo de página web está enfocado a la publicación periódica de posts ordenados de forma cronológica. Es accesible gratuitamente y posible de gestionar sin conocimientos especializados.

La administración tiene un peso relevante en esta herramienta, sin ir más lejos, Administraciones en red (https://eadminblog.net), un blog creado en 2005 por dos funcionarios del gobierno vasco especializados en la modernización de la administración o la Xarxa d’Innovació Pública (http://www.xarxaip.cat) en el caso catalán, se han convertido en blogs de referencia en el terreno de la innovación de la administración.

Wiki

Por último, la Wiki, una herramienta en forma de web que basa en la colaboración conjunta su construcción, mejora y evaluación. Una enciclopedia en la que cada usuario aporta información para complementar un campo de estudio. Buen ejemplo de ello puede ser las Wikigobs (http://www.novagob.org/pages/all) desarrolladas por la ya mencionada red social NovaGob.

Pero tratemos algo tan transversal en las redes sociales como el vídeo, según el Global Web Index, el 89% de las personas de entre 16 y 64 años han visto un video en el último mes y Cisco predice que el tráfico de video en internet pasará del 64% de 2014 a más de un 80% en 2019.

El vídeo se ve como la piedra angular de la actividad en redes sociales en el presente y futuro por dos motivos principalmente:

La velocidad de conexión de los usuarios que interaccionan en redes sociales mediante el móvil ha aumentado notablemente. Desde 2014 la proporción entre el número de móviles que disfrutan de 3G y los que lo hacen en 4G se ha invertido, ahora encontramos cerca del doble de dispositivos móviles 4G que la conexión anterior. Actualmente más del 50% de los usuarios móviles reproducen vídeos en su Smartphone, lo que, sumado al incremento del 4G, parece implicar un aumento en el compartir y visionado de vídeos.

Y la buena acogida del contenido audiovisual en las redes sociales tanto clásicas como nuevas. Facebook parece sentirse cómodo incluyendo en su seno a otras redes sociales como pueda ser YouTube, más de la mitad de los usuarios de Facebook reprodujeron un video en el último mes según el GWI.

Tal es el auge del vídeo que ya se está abriendo paso una nueva modalidad, la transmisión en vivo, el Live de Facebook, el Periscope de Twitter y Snapchat, que ha sabido dejar atrás de algún modo el protagonismo de las fotos efímeras para potenciar el video con una inmensa cantidad de variantes.

Precisamente Snapchat puede establecer los nuevos horizontes en la comunicación 2.0 de la Administración. De los 100 millones de usuarios que representa Snapchat (popularidad que Instagram ha tratado de calcar), un alto porcentaje son jóvenes (el 22% de los jóvenes españoles en 2015), un sector de la población primordial para la Administración pero de difícil acceso por su falta de interés por la forma y parte del contenido. Snapchat puede ser una plataforma minimalista que despierte interés en la juventud, pero para ello ha de adaptarse realmente al medio, no debe ser la Administración en Snapchat sino una cuenta de Snapchat que representa a la Administración. Esta plataforma ofrece la oportunidad de compilar de forma cronológica los sucesos del día, lo que permite un vistazo sencillo y accesible.

Medios como la CNN ya han dedicado recursos para implementar su presencia en dicha plataforma, pues la Semana de la Moda o el Snowpocalypse produjeron una gran repercusión. La gran nevada de New York recuerda a las condiciones que impulsaron la creación del Twitter oficial de la Generalitat, y es que apenas tres minutos de vídeo sobre la tormenta de nieve fueron visualizados por casi 25 millones en un día.

Análisis del sistema político en los municipios catalanes

El sistema político municipal catalán establece en el artículo 19.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, el gobierno y la administración municipal como potestad del ayuntamiento (formado por el alcalde y los concejales) o del alcalde y la asamblea vecinal, en caso de funcionar en régimen de Concejo Abierto -se regirán por Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese régimen de gobierno y aquellos que por su localización geográfica u otras circunstancias lo hagan aconsejable. La constitución de dicho Concejo requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma (art. 29 LRBRL 7/1985, de 2 de abril)-, en base al artículo 29.3 de la susodicha ley.

Tal y como consta en el artículo 19.2: “los concejales serán elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que el alcalde lo será por los concejales o los vecinos”, aunque del sistema electoral hablaremos más adelante.

En todo ayuntamiento encontramos al Alcalde, los Tenientes de Alcalde -sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales (art. 23 LRBRL 7/1985, de 2 de abril)- y el Pleno municipal. Además en los municipios con más de 5.000 habitantes o en los que así lo acuerde el Pleno, existirá una Junta de Gobierno Local -integrada por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno (art. 23 LRBRL 7/1985, de 2 de abril). Otros entes, como las comisiones u otros órganos complementarios establecidos por los propios municipios, también estarán presentes –de forma obligatoria en el caso de la Comisión Especial de Cuentas y opcional en el de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones– (art. 20.1 LRBRL 7/1985, de 2 de abril).

El Pleno, integrado por los Concejales y presidido por el Alcalde, o la Asamblea vecinal en caso de régimen de Concejo Abierto, es el encargado del control y fiscalización de los órganos de gobierno además de las atribuciones de administración y dirección política (art. 22 LRBRL 7/1985, de 2 de abril).

Según el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “el Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

Sistema electoral

En cuanto al sistema electoral que rige las elecciones municipales, no es otro que el establecido por la legislación electoral general (art. 19.2 LRBRL 7/1985, de 2 de abril) salvo por algunas excepciones características. Encontramos en el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que la circunscripción electoral corresponde con el término municipal de cada localidad y que el número de concejales a elegir se estipula en función de los residentes, a excepción de los Concejos Abiertos, en cuyo caso se elegirá al Alcalde directamente por sistema mayoritario. En caso de municipios con una población inferior a 250 habitantes que no se rijan por Concejo Abierto, el artículo 184 de la LOREG 5/1985, de 19 de junio estipula que las listas presentadas sean de máximo tres o cinco nombres según el número de residentes, hasta 100 o entre 101 y 250 respectivamente. Así como los votos, a dos o a cuatro candidatos en la misma escala; y ganará el que obtenga mayor número de votos (en caso de empate se establecerá por sorteo).

En cualquier caso, el mandato electoral es de cuatro años a partir de su elección, tal y como está indicado en el artículo 194 de la misma ley.

Si hablamos del procedimiento de elección del Alcalde debemos seguir en la LOREG y basarnos en su artículo 196. En él se definen los posibles candidatos a tal cargo (todos los Concejales que encabecen sus respectivas listas) y la mayoría absoluta de los votos de los concejales como requisito para ser proclamado electo. En caso de no darse dicha circunstancia, será “proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio” (art. 196 LOREG 5/1985, de 19 de junio).

Por lo que respecta a los contrapesos políticos a nivel local, ya hemos comentado que el pleno ejerce como órgano colegiado la función de control, sin embargo, resulta procedente mencionar las dos figuras -entendiendo la cuestión de confianza como un mecanismo de control pasivo- de mayor importancia en este aspecto, la moción de censura del alcalde y la cuestión de confianza.

Cambio de denominación de Molins de rei

Un municipio es, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”. De igual forma se interpreta en el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña donde se define como “la entidad básica de la organización territorial y el elemento primario de participación ciudadana en los asuntos públicos”; y añade que “las Leyes de Cataluña garantizan la participación del municipio en todos los asuntos que afecten directamente a sus intereses”. Por ello, entendemos el municipio como organismo autónomo de primer nivel, donde se crea con mayor fuerza un vínculo de pertenencia a un grupo o comunidad y que más “propio” se siente por parte de los ciudadanos. Dicho vínculo se presenta como un fenómeno positivo a incentivar, puesto que presumiblemente cuanto más arraigo y sentimiento de pertenencia a la identidad municipal se de, mayor será la participación de los ciudadanos en la vida local y más elevado el nivel de gobernabilidad social (Domínguez-Pérez, 2004: 36).

Además, la identidad municipal no solo es un valor que fomentar per se, sino que se presenta como una necesidad en dos ámbitos, en primer lugar, el patrocinio de la identidad común ofrece un anclaje ante la disolución de los valores comunitarios que supone la globalización -en esta etapa parece ser que lo macro anima a lo micro, que hay una vuelta a las raíces, a lo local. En un mundo cada vez menos controlable, se constata un repliegue sobre lo cercano, lo que se conoce, lo local; como reacción, según algunos, a la angustia experimentada por el paso de tiempo que transcurre, la velocidad de los cambios que acontecen en esta fase (Maffesoli, 1990: 224)-; y en segundo lugar, como necesidad por parte de los gobernantes para facilitar la gobernabilidad al tiempo que como imagen positiva de la ciudad para la atracción de inversiones. De este modo, se revela como algo que es preciso estimular y redefinir ante las imágenes que se crean y la necesidad de relocalizar a la población en lo cotidiano.

Si hablamos de cómo hacerlo, desde qué puntos lograr potenciar e influir en la susodicha identidad, Maffesoli (1990) sostiene que el ocio, la moda, el espacio, la historia o los valores, el religare, son claves, que la comunidad se estructura desde lo cultural, desde lo que se tiene en común. En este sentido, el nombre, la denominación del municipio juega un papel fundamental en la creación de dicha estructura cultural común. El nombre del municipio es el significante con el que se identifican (o no) los individuos que viven, trabajan o nacieron en él. Prueba de ello es el fenómeno que se dio en la Cataluña republicana –así como en otros territorios– durante la Guerra Civil. El 9 de octubre de 1936 la Generalitat dispuso, mediante el artículo sexto del Decreto de Seguridad Interior, la posibilidad de cambiar el nombre los municipios por acuerdo en el Ayuntamiento y la aprobación del Consell de la Generalitat -dicha posibilidad ya estaba recogida en la Ley Municipal de Cataluña de 1935, sin embargo, lo convulso del periodo la convirtieron, de facto, en papel mojado. La consecuencia fueron 11 decretos de ratificación por parte del órgano competente de la Generalitat (Departament de Governació i Assistència Social, como sería conocido posteriormente) que permitieron el cambio de 124 municipios. Habiendo poco más de un millar de estas entidades antes del levantamiento fascista de 1936, los municipios afectados representaban casi el 12% de la totalidad de la época (Tort, 2003). Por supuesto, la derrota militar del bando antifascista conllevó la restauración de los nombres de carácter hagiográfico o alusivos a los antiguos dominios señoriales, eclesiásticos o de la realeza.

Ya en el periodo democrático actual y de acuerdo con el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña:

“El acuerdo de cambio de denominación de un municipio debe ser adoptado por el pleno del ayuntamiento y requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Antes de la adopción del acuerdo municipal, debe abrirse información pública por un plazo mínimo de treinta días”. Y “si en el plazo de tres meses el Gobierno de la Generalidad no formula oposición, el acuerdo municipal tiene que considerarse como definitivo y ejecutivo”.

Otros municipios ya han iniciado los procedimientos pertinentes para un cambio de denominación, como es el caso de Calonge. Dicho municipio está formado por 2 núcleos urbanos, Calonge y Sant Antoni, que no están reconocidos como tal en el topónimo oficial por lo que, pretendiendo que se ajuste a la realidad social, humana y económica, han decidido exponer al pleno municipal el decreto en cuestión.

Aunque fuera de Cataluña, encontramos una situación más en la que se procede al cambio de nomenclatura, esta afecta a más de un municipio y está relacionada con la época franquista. Son varios los municipios en el estado español que llevan en su propio nombre referencias franquistas (Guadiana del Caudillo, San Leonardo de Yagüe, Villafranco del Guadiana, etc.) y también en muchos de ellos se ha procedido a juzgar si es necesario un cambio de nombre puesto que aparentemente los actuales van en contra de la Ley de Memoria Histórica.

Molins de Llobregat

Molins de rei es un municipio perteneciente al Baix Llobregat que a lo largo de su historia ha visto, como comentábamos, un cambio en su nombre durante el periodo revolucionario que ocupó la Guerra Civil que fue revertido con la victoria franquista.

Sus vínculos históricos con la CNT-FAI y especialmente con el Partido Socialista Unificado de Cataluña hacen que, aún latente, se viva cierto debate en torno al nombre del municipio a pesar de oficialmente no parece prácticamente existir. En las escuelas, cuando se explica parte de la historia del municipio se obvia este episodio por ser considerado anecdótico o complejo para esa edad, sin embargo, cuando años más tarde se estudia la Guerra Civil, se hace de forma general, con respecto al estado español, y concreta, con respecto a Cataluña, pero en ningún caso haciendo referencia al municipio.

Molins de rei parece un caso claro de posible cambio puesto que, como apunta Tort (2003), a diferencia de 105 municipios de los 124 totales -de los 124 cambios durante todo el periodo, 105 son por motivos religiosos, 17 por otros motivos que no siguen un patrón claro y tan solo 2 fueron por alusiones de corte monárquico- que cambiaron su denominación, no contiene ningún elemento religioso, sino que es uno de los dos únicos casos de referencias de carácter monárquico y eso supondría cierto grado de incoherencia y podría alegarse falta de correspondencia con la realidad del país (por lo tanto del municipio) en caso de declararse la República Catalana. Molins de rei forma parte de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y ha ratificado su presencia en pro de un proceso constituyente de la República Catalana, por lo que es razonable pensar que el republicanismo y antifascismo imperante del municipio hacen de Molins de Llobregat una buena alternativa.

Conclusiones

En suma, debemos contemplar el nombre del municipio como un elemento clave en el imaginario colectivo, que dota de ciertos valores y que, de ser compartidos, representan una suerte de vínculo entre los propios ciudadanos y, a su vez, entre éstos y el municipio. En este sentido, dando por sentado los principios democráticos y antifascistas propios de una localidad en la que los partidos explícitamente autodenominados de izquierdas contaron con prácticamente el 50% de los votos (PSC, CUP y ERC), la denominación propia del periodo revolucionario antifranquista podría verse como síntoma de orgullo y tributo a los anteriores conciudadanos en su lucha por la libertad.

Conocidos los procedimientos mediante los cuales es posible llevar a cabo dicho cambio y asumiendo también como propios los argumentos en favor de la voluntad de que el nombre se ajuste a la realidad social del municipio así como la tendencia democrática que se destila de la Ley de memoria histórica, podemos afirmar con total seguridad que Molins de Llobregat, en caso de aprobarse en el pleno municipal por mayoría absoluta, no debería presentar ningún problema como nueva denominación.

Sin embargo, la propia ciudadanía es quien juega el papel protagonista en este asunto. Se recomienda someter dicha cuestión a consulta ciudadana previa a su votación en el pleno municipal, de igual forma que a finales de 2016 se realizó la relativa a la reforma de la carretera N-340, especialmente en caso de abandonar el estatus de monarquía parlamentaria. Pero antes es necesario informar de la propia historia que dota de sentido la propuesta, por lo que se recomienda impulsar una iniciativa que fomente la introducción del susodicho periodo histórico en los centros educativos y una campaña informativa para una mayor repercusión.